Hola a todos:
Esta es una invitacion para seguir el desarollo del Debate Nacional ya que alli se esta decidiendo el destino del pais.
El PAN pretende aprobar la reforma energetica presentada por el espurio Calderon, en la cual modificarian la Constitucion para legalizar la entrega de PEMEX a extranjeros y politcos corruptos.Quisieron aprobar esta reforma de una manera rápida y sin consultar al pueblo, pero gracias al Movimiento de Resistencia Civil Pacífica se logro que se llevara a debate Nacional.
Los dos debates del pasado martes y jueves resultaron muy aleccionadores interesantes e imprescindibles para comprender la situacion por la que atravesamos. Los expertos expusieron sus conocimientos y valiosisimas opiniones al respecto.Predominó la idea de preservar nuestros recursos en bien de la Nación, vamos ganando hasta ahorita; el petroleo mexicano ya tiene 110 millones de dueños , que somos nosotros los mexicanos , por lo que es anticonstitucional y aun violatorio establecer alianzas como las que pretende el gobierno del espurio.
El Art. 27 de nuestra Constitucion entre otros, garantizan la propiedad del petroleo para todos los mexicanos y prohiben la celebracion de contratos y concesiones a particulares incluyendo cualquier parte del proceso en esa industria asi como la extraccion, transporte, almacenamiento, ductos
y refinacion. Nuestra Carta Magna dice que esto solo lo podrán realizar los mexicanos y para el beneficio comun del pueblo exclusivamente.
Con toda intencion y desde hace 60 años se ha venido sometiendo a PEMEX a un plan de empobrecimiento para hacerlo parecer como incosteable ante los ojos del pueblo, mas sin embargo el pueblo no es tonto y se defiende ; la gente ya se conoce las sucias estrategias ánteriormente utilizadas
para vender paraestatales ,como ejemplo, en el caso de Telmex cuando se dijo lo mismo para venderla y fue rematada.
Se aseguró que se privatizaria para mejorar el servicio y abaratar costos, ahora pagamos las tarifas de las mas altas por este servicio y Carlos Slim es el hombre mas rico del mundo en un pais con 60 millones de pobres, esto es francamente vergonzoso.
Lo mismo se pretende hacer con PEMEX
Aunado a esto tenemos una crisis alimentaria de grandes dimensiones en puerta, debido al intento de convertir los granos, y el azucar en etanol y hasta el pescado en bio-combustibles como se esta haciendo ahorita en Honduras con la tilapia.
Esto ha disparado los precios de los alimentos de una forma incontrolable, habiendose presentado hasta disturbios sociales en otros paises, por el encarecimiento y el desabasto de los mismos.
Defendamos hoy para poder comer mañana, esto es lo que está en juego, asi de simple y urgente.
De aqui a 3 años mas, tendremos esa gran crisis mundial en todo su apogeo .Necesitamos defender lo que queda de nuestro petróleo.
Nuestra economia esta petrolizada, es necesario hacer una reforma fiscal para buscar nuevas fuentes de ingresos para desligarnos de esta dependencia del hidrocarburo, pues en unos años mas el petroleo se agotará y no podremos obtener los recursos necesarios para salir adelante , ni siquiera tendremos suficiente para exportar; se deberá asegurar el recurso para que el pais no se paralice y peor aun si se vende a extranjeros como ya le urge al PAN
A este gobierno espurio panista no le importa el pueblo, solo quieren vender lo que de ninguna manera les costó ni les pertenece, todas sus propuestas van encaminadas a la modificacion de nuestra Constitucion y a la entrega de nuestros recursos.
La tendencia mundial actual es de que cada Estado controle sus hidrocarburos para asegurar bienestar y alimento para sus pueblos , el petróleo es un recurso natural no-renovable tendiente a desaparecer; en 20 años no lo veremos mas ¿Por que Calderón quiere hacer lo contrario? Porque tiene una vision miope y entreguista en su politica
Grandes pensadores estan dando luz en este debate tan importantisimo para nosotros los mexicanos, como la inquietud de Lorenzo Meyer quien cuestiona si de verdad nos conviene aumentar el numero de barriles que se extraen del sub-suelo, para vender al extranjero .La produccion petrolera en nuestro pais y en el mundo esta en declive, el pozo Cantarel el cual proporciona el mayor volumen de produccion en México esta actualmente al 60% .Pronosticaron cuando encontraron este yacimiento que duraria para 52 años y tan solo nos dará abasto para algo mas de 30 años , entonces para que vender si luego no podremos pagar los costos del ya mas escaso y encarecido producto. Por eso es muy importante que no te pierdas el desarollo de este Debate. Podras tambien seguirlo en estos sitios de internet:
www.canaldelcongreso.gob.mx www.senado.gob.mx
sábado, 17 de mayo de 2008
Intentan penalizar el derecho del pueblo de organizarse para defender su Petroleo
Desfiladero
Jaime Avilés
■ México 2009: toda forma de oposición quedará proscrita
Bajita la mano, la ultraderecha golpista ha tejido una telaraña de acero para estrangular judicialmente al Frente Amplio Progresista (FAP), sacar del Poder Legislativo al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, colocarlo en el terreno de la ilegalidad, justificar su represión, someter al Gobierno del Distrito Federal y neutralizar a Andrés Manuel López Obrador, con el fin de garantizarle a Estados Unidos y a España, antes o después de las elecciones de 2009, la privatización total de Pemex.
Como no bastó el fraude electoral de 2006 para controlar a los millones que se oponen pacífica, democrática y activamente al programa depredador de Felipe Calderón Hinojosa, éste ha puesto en marcha una ofensiva que se desarrolla en varios frentes. A saber, a) dinamitó desde adentro, con la entusiasta colaboración de los chuchos, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con lo que el FAP perderá la mayor fuerza política que lo integra; b) limpió el Instituto Federal Electoral (IFE) al enterrar los despojos del mafioso Luis Carlos Ugalde para sustituirlo por Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), quien prepara desde ya el fraude del año entrante que le robará el máximo número posible de diputaciones al FAP.
De manera simultánea, c) otra vez con el apoyo irrestricto de los chuchos, en este caso representados por Ruth Zavaleta, modificó las leyes que rigen el funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, para destituir a los actuales consejeros del instituto electoral capitalino (IEDF), y remplazarlos por cuadros sumisos a los intereses que aborrecen a Marcelo Ebrard y sueñan obsesivamente con imponerle una mayoría panista en la Asamblea Legislativa, antes de destituirlo.
Todo lo anterior, naturalmente, en función del compromiso que Calderón contrajo con los estadunidenses –a partir de su encuentro con Jeffrey Davidow, en noviembre de 2003, en California– y, a través de Juan Camilo Mouriño, con la gasera gallega Repsol, para entregarles Pemex a cambio de que lo sentaran en la Presidencia de la República.
A tal efecto, el pasado 10 de abril –aniversario luctuoso de Emiliano Zapata– Calderón Hinojosa envió al Senado sus primeras cinco iniciativas de reforma –para permitir la participación de empresas privadas en exploración, explotación, refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos–, con los pueriles pretextos de que eso “fortalecerá” a Petróleos Mexicanos (Pemex), “nos” ayudará a extraer el crudo ultrapesado de las aguas profundas y harán posibles “más hospitales, carreteras y escuelas para que ningún mexicano se quede sin estudiar”.
Ante la previsible respuesta del FAP, que tenía lista una huelga legislativa en ambas cámaras del Congreso para evitar el madruguete de los petrosenadores, la ultraderecha usó como de costumbre la artillería pesada de los medios y el bombardeo implacable de los levantacejas y de los espots calumniosos, como el de Hitler. En medio de la gritería por el supuesto “secuestro” del Poder Legislativo, los senadores del PRIAN aprobaron al vapor un conjunto de leyes anticonstitucionales, mientras sus diputados, con la abierta complicidad de Zavaleta, creaban las condiciones necesarias para descabezar al instituto electoral capitalino, cosa que harán la semana próxima.
Así, después de alabar hipócritamente el acuerdo “civilizado” que pactó un debate sobre la reforma calderónica, la ofensiva siguió su curso. Los chuchos se apoderaron de la dirección del PRD, con el respaldo del tribunal federal electoral, sujeto a los designios del gobierno espurio, y el IFE de Vazurita, apenas anteayer, se quitó la máscara al multar con 119 millones de pesos a los partidos integrantes del FAP por sus críticas a las promesas electorales de Calderón, mientras imponía una sanción de sólo 10 millones al PAN y al Verde Ecologista por la campaña sucia que en horario estelar, durantes meses, repitió que López Obrador era “un peligro para México”.
Moraleja: la ultraderecha golpista ha abolido la Constitución. Mouriño es inocente aunque se demuestre lo contrario; el góber precioso también, y con él –ya lo dijo la Suprema Corte– todos los pederastas amigos de los de arriba; Ulises Ruiz puede seguir asesinando a los oaxaqueños; a Etilio González Márquez le asiste el privilegio de mandar a chingar a su madre a sus gobernados; Enrique Peña Nieto avanzará rumbo a la Presidencia cada vez que se ufane de la represión que mató a dos jóvenes, violó a decenas de mujeres y encarceló, después de moler a palos, a un centenar de indígenas en Atenco; Eduardo Bours será condecorado, entre otras cosas, por haber metido presos a los ecologistas que trataban de salvar los últimos árboles de la ciudad de Hermosillo, y nadie será perseguido, investigado ni sentenciado nunca por las desapariciones y los descuartizamientos de mujeres en Ciudad Juárez.
¿Quiénes son entonces los verdaderos destinatarios del “¡ya basta!” que Calderón lanzó el pasado lunes, dando un manotazo de impotencia, desde Los Pinos? ¿Los 110 millones de mexicanos, a quienes les exigió que “no sean cómplices y denuncien los delitos sin solapar la existencia de criminales”? ¿O los jueces, a quienes, sin tener facultades para ello, ordenó que “cierren el paso a la impunidad” e impidan que los malhechores salgan de la cárcel “por su propio pie”? ¿O los medios de comunicación, a los que insultó al acusarlos de “compartir” (sic) la “estrategia de los criminales que buscan sembrar terror”?
¿Quiénes son los culpables de la evidente disolución del gobierno en México? ¿Los medios? ¿Los jueces? ¿Los ciudadanos? ¿O la ineptitud extrema de un fanfarrón sin escrúpulos, que asaltó la Presidencia nada más pero nada menos que para despojarnos del petróleo? Lo cierto es que mientras en el Senado comenzaba el debate sobre el futuro de Pemex, Calderón envió, ahora a los diputados, una sexta iniciativa de reforma, para establecer la reducción de impuestos, de entre 15 y 20 por ciento, que beneficiará a Repsol y Halliburton por extraer el tesoro de las aguas profundas.
¿Más claro? Ni el agua. Al terminar el debate, los senadores y diputados del PRIAN consumarán la privatización de Pemex. La única forma de impedirlo es la movilización popular. Desde ya. ¿Cómo? Impulsando en las calles, en los mercados, en los parques, en las centros de trabajo, de estudio y de entretenimiento, y en todo lugar una profunda deliberación popular sobre el futuro de este país sin leyes ni gobierno, antes que, tras las elecciones de 2009, Calderón decrete que toda forma de oposición a su “gobierno” será proscrita y castigada, si bien nos va, como delito de terrorismo.
Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com
Jaime Avilés
■ México 2009: toda forma de oposición quedará proscrita
Bajita la mano, la ultraderecha golpista ha tejido una telaraña de acero para estrangular judicialmente al Frente Amplio Progresista (FAP), sacar del Poder Legislativo al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, colocarlo en el terreno de la ilegalidad, justificar su represión, someter al Gobierno del Distrito Federal y neutralizar a Andrés Manuel López Obrador, con el fin de garantizarle a Estados Unidos y a España, antes o después de las elecciones de 2009, la privatización total de Pemex.
Como no bastó el fraude electoral de 2006 para controlar a los millones que se oponen pacífica, democrática y activamente al programa depredador de Felipe Calderón Hinojosa, éste ha puesto en marcha una ofensiva que se desarrolla en varios frentes. A saber, a) dinamitó desde adentro, con la entusiasta colaboración de los chuchos, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con lo que el FAP perderá la mayor fuerza política que lo integra; b) limpió el Instituto Federal Electoral (IFE) al enterrar los despojos del mafioso Luis Carlos Ugalde para sustituirlo por Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), quien prepara desde ya el fraude del año entrante que le robará el máximo número posible de diputaciones al FAP.
De manera simultánea, c) otra vez con el apoyo irrestricto de los chuchos, en este caso representados por Ruth Zavaleta, modificó las leyes que rigen el funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, para destituir a los actuales consejeros del instituto electoral capitalino (IEDF), y remplazarlos por cuadros sumisos a los intereses que aborrecen a Marcelo Ebrard y sueñan obsesivamente con imponerle una mayoría panista en la Asamblea Legislativa, antes de destituirlo.
Todo lo anterior, naturalmente, en función del compromiso que Calderón contrajo con los estadunidenses –a partir de su encuentro con Jeffrey Davidow, en noviembre de 2003, en California– y, a través de Juan Camilo Mouriño, con la gasera gallega Repsol, para entregarles Pemex a cambio de que lo sentaran en la Presidencia de la República.
A tal efecto, el pasado 10 de abril –aniversario luctuoso de Emiliano Zapata– Calderón Hinojosa envió al Senado sus primeras cinco iniciativas de reforma –para permitir la participación de empresas privadas en exploración, explotación, refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos–, con los pueriles pretextos de que eso “fortalecerá” a Petróleos Mexicanos (Pemex), “nos” ayudará a extraer el crudo ultrapesado de las aguas profundas y harán posibles “más hospitales, carreteras y escuelas para que ningún mexicano se quede sin estudiar”.
Ante la previsible respuesta del FAP, que tenía lista una huelga legislativa en ambas cámaras del Congreso para evitar el madruguete de los petrosenadores, la ultraderecha usó como de costumbre la artillería pesada de los medios y el bombardeo implacable de los levantacejas y de los espots calumniosos, como el de Hitler. En medio de la gritería por el supuesto “secuestro” del Poder Legislativo, los senadores del PRIAN aprobaron al vapor un conjunto de leyes anticonstitucionales, mientras sus diputados, con la abierta complicidad de Zavaleta, creaban las condiciones necesarias para descabezar al instituto electoral capitalino, cosa que harán la semana próxima.
Así, después de alabar hipócritamente el acuerdo “civilizado” que pactó un debate sobre la reforma calderónica, la ofensiva siguió su curso. Los chuchos se apoderaron de la dirección del PRD, con el respaldo del tribunal federal electoral, sujeto a los designios del gobierno espurio, y el IFE de Vazurita, apenas anteayer, se quitó la máscara al multar con 119 millones de pesos a los partidos integrantes del FAP por sus críticas a las promesas electorales de Calderón, mientras imponía una sanción de sólo 10 millones al PAN y al Verde Ecologista por la campaña sucia que en horario estelar, durantes meses, repitió que López Obrador era “un peligro para México”.
Moraleja: la ultraderecha golpista ha abolido la Constitución. Mouriño es inocente aunque se demuestre lo contrario; el góber precioso también, y con él –ya lo dijo la Suprema Corte– todos los pederastas amigos de los de arriba; Ulises Ruiz puede seguir asesinando a los oaxaqueños; a Etilio González Márquez le asiste el privilegio de mandar a chingar a su madre a sus gobernados; Enrique Peña Nieto avanzará rumbo a la Presidencia cada vez que se ufane de la represión que mató a dos jóvenes, violó a decenas de mujeres y encarceló, después de moler a palos, a un centenar de indígenas en Atenco; Eduardo Bours será condecorado, entre otras cosas, por haber metido presos a los ecologistas que trataban de salvar los últimos árboles de la ciudad de Hermosillo, y nadie será perseguido, investigado ni sentenciado nunca por las desapariciones y los descuartizamientos de mujeres en Ciudad Juárez.
¿Quiénes son entonces los verdaderos destinatarios del “¡ya basta!” que Calderón lanzó el pasado lunes, dando un manotazo de impotencia, desde Los Pinos? ¿Los 110 millones de mexicanos, a quienes les exigió que “no sean cómplices y denuncien los delitos sin solapar la existencia de criminales”? ¿O los jueces, a quienes, sin tener facultades para ello, ordenó que “cierren el paso a la impunidad” e impidan que los malhechores salgan de la cárcel “por su propio pie”? ¿O los medios de comunicación, a los que insultó al acusarlos de “compartir” (sic) la “estrategia de los criminales que buscan sembrar terror”?
¿Quiénes son los culpables de la evidente disolución del gobierno en México? ¿Los medios? ¿Los jueces? ¿Los ciudadanos? ¿O la ineptitud extrema de un fanfarrón sin escrúpulos, que asaltó la Presidencia nada más pero nada menos que para despojarnos del petróleo? Lo cierto es que mientras en el Senado comenzaba el debate sobre el futuro de Pemex, Calderón envió, ahora a los diputados, una sexta iniciativa de reforma, para establecer la reducción de impuestos, de entre 15 y 20 por ciento, que beneficiará a Repsol y Halliburton por extraer el tesoro de las aguas profundas.
¿Más claro? Ni el agua. Al terminar el debate, los senadores y diputados del PRIAN consumarán la privatización de Pemex. La única forma de impedirlo es la movilización popular. Desde ya. ¿Cómo? Impulsando en las calles, en los mercados, en los parques, en las centros de trabajo, de estudio y de entretenimiento, y en todo lugar una profunda deliberación popular sobre el futuro de este país sin leyes ni gobierno, antes que, tras las elecciones de 2009, Calderón decrete que toda forma de oposición a su “gobierno” será proscrita y castigada, si bien nos va, como delito de terrorismo.
Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com
viernes, 9 de mayo de 2008
INICIATIVA ENTREGUISTA
Cuauhtémoc Cárdenas
Una iniciativa entreguista
De las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo al Senado de la República el pasado 8 de abril, relacionadas con la industria petrolera y con Petróleos Mexicanos, que en otra ocasión habrá que comentar en conjunto, la que de llevarse a la práctica significaría un cambio profundo en la situación y condición de la industria petrolera y, sobre todo, una grave pérdida en el presente y en el futuro para la nación, es la correspondiente a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, que plantea la apertura a la inversión privada de funciones esenciales de la industria hasta ahora reservadas en exclusiva a la acción del Estado mexicano.
Después de la expropiación, la primera ley reglamentaria del 27 fue expedida en noviembre de 1940. En ella se precisaba que la industria petrolera comprendía “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y la refinación del petróleo”. El desarrollo de la industria fue modernizando esta conceptualización, pero palabras más o palabras menos, en las reformas a esta ley de entonces a la fecha, siempre se consideró que la industria petrolera, manejada de manera exclusiva por el Estado, abarcaba esas mismas actividades. Así, el texto de la ley vigente, cuya última reforma tuvo lugar en noviembre del 2006, define en su artículo tercero a la industria petrolera como: “I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; II. La exploración, explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración…; III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”.
La iniciativa de reformas y adiciones a esta ley excluye de la definición de industria petrolera “el transporte y el almacenamiento [del gas] indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración”, así como excluye también la distribución y ventas de primera mano “de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”, establece, por otra parte, en la propuesta del nuevo artículo 4° que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios –continúa– podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo…”, y en el párrafo siguiente consigna que las personas “que pretendan realizar o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. De aprobarse estos textos, estaría dándose, en los hechos, la entrega a la inversión privada de áreas estratégicas de la industria petrolera, que dejarían de manejarse en función de un interés público para pasar a manejarse de acuerdo a intereses privados, extranjeros o nacionales. La experiencia de las privatizaciones vivida en los últimos sexenios, deja ver que así sucedería también en la industria del petróleo.
Pemex cuenta con las capacidades de todo orden para construir nuevas refinerías, para modernizar y expandir las redes de ductos y la capacidad de almacenamiento de productos y llevar a cabo su adecuada distribución, y no hace falta que nadie lo substituya en esas funciones, sólo debe permitírsele que lo haga, otorgándole autonomía presupuestal y dándole el tratamiento que se da a cualquier entidad productiva.
La apertura de áreas estratégicas propuesta por el Ejecutivo representaría la desintegración de las cadenas productivas de la industria, ya de por si erosionadas ante la falta de inversión, el desplazamiento de Petróleos Mexicanos de esas actividades y su substitución, en ellas, por intereses privados, que usufructuarían los mercados correspondientes, y dejar casi como únicos campos de actividad pública la exploración y la extracción, y a ésta como fuente de ingresos casi única también para la industria petrolera nacionalizada.
Pero tanto o más grave que la afectación del interés público, de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo respecto a esta ley reglamentaria que pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, sería la flagrante violación que se haría a la Constitución. Hacerlo, como plantea la iniciativa, por medio de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o por recurrir al subterfugio de cambiar la palabra concesión por la de permiso, que en este caso resultan equivalentes, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional.
Dejar pasar esta reforma sería hacerse cómplice de un atraco a la Constitución. Los legisladores no pueden traicionar la palabra empeñada de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
Se requiere una nueva política petrolera, sí, pero de una política que deje de estrangular fiscalmente a Petróleos Mexicanos, que fortalezca sus capacidades de inversión, dejándole al menos, en una primera etapa, la disposición total del llamado excedente petrolero que genera, que devuelva a la industria del petróleo su carácter de motor principal del crecimiento económico y de la industrialización, que prolongue la vida de nuestras reservas, disminuyendo de manera gradual, hasta eliminar, las exportaciones de crudo y transformando éste en refinados y petroquímicos en el país, que recupere los mercados nacionales de combustibles mediante la substitución de importaciones, que eleve al máximo la renta petrolera a través de la mayor integración de la industria y la prolongación de sus cadenas productivas, todo lo cual no podrá lograrse doblegándose ante las presiones entreguistas y cediendo al interés privado las áreas de la industria petrolera reservadas hasta hoy en exclusiva al Estado mexicano.
Una iniciativa entreguista
De las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo al Senado de la República el pasado 8 de abril, relacionadas con la industria petrolera y con Petróleos Mexicanos, que en otra ocasión habrá que comentar en conjunto, la que de llevarse a la práctica significaría un cambio profundo en la situación y condición de la industria petrolera y, sobre todo, una grave pérdida en el presente y en el futuro para la nación, es la correspondiente a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, que plantea la apertura a la inversión privada de funciones esenciales de la industria hasta ahora reservadas en exclusiva a la acción del Estado mexicano.
Después de la expropiación, la primera ley reglamentaria del 27 fue expedida en noviembre de 1940. En ella se precisaba que la industria petrolera comprendía “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y la refinación del petróleo”. El desarrollo de la industria fue modernizando esta conceptualización, pero palabras más o palabras menos, en las reformas a esta ley de entonces a la fecha, siempre se consideró que la industria petrolera, manejada de manera exclusiva por el Estado, abarcaba esas mismas actividades. Así, el texto de la ley vigente, cuya última reforma tuvo lugar en noviembre del 2006, define en su artículo tercero a la industria petrolera como: “I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; II. La exploración, explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración…; III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”.
La iniciativa de reformas y adiciones a esta ley excluye de la definición de industria petrolera “el transporte y el almacenamiento [del gas] indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración”, así como excluye también la distribución y ventas de primera mano “de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”, establece, por otra parte, en la propuesta del nuevo artículo 4° que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios –continúa– podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo…”, y en el párrafo siguiente consigna que las personas “que pretendan realizar o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. De aprobarse estos textos, estaría dándose, en los hechos, la entrega a la inversión privada de áreas estratégicas de la industria petrolera, que dejarían de manejarse en función de un interés público para pasar a manejarse de acuerdo a intereses privados, extranjeros o nacionales. La experiencia de las privatizaciones vivida en los últimos sexenios, deja ver que así sucedería también en la industria del petróleo.
Pemex cuenta con las capacidades de todo orden para construir nuevas refinerías, para modernizar y expandir las redes de ductos y la capacidad de almacenamiento de productos y llevar a cabo su adecuada distribución, y no hace falta que nadie lo substituya en esas funciones, sólo debe permitírsele que lo haga, otorgándole autonomía presupuestal y dándole el tratamiento que se da a cualquier entidad productiva.
La apertura de áreas estratégicas propuesta por el Ejecutivo representaría la desintegración de las cadenas productivas de la industria, ya de por si erosionadas ante la falta de inversión, el desplazamiento de Petróleos Mexicanos de esas actividades y su substitución, en ellas, por intereses privados, que usufructuarían los mercados correspondientes, y dejar casi como únicos campos de actividad pública la exploración y la extracción, y a ésta como fuente de ingresos casi única también para la industria petrolera nacionalizada.
Pero tanto o más grave que la afectación del interés público, de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo respecto a esta ley reglamentaria que pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, sería la flagrante violación que se haría a la Constitución. Hacerlo, como plantea la iniciativa, por medio de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o por recurrir al subterfugio de cambiar la palabra concesión por la de permiso, que en este caso resultan equivalentes, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional.
Dejar pasar esta reforma sería hacerse cómplice de un atraco a la Constitución. Los legisladores no pueden traicionar la palabra empeñada de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
Se requiere una nueva política petrolera, sí, pero de una política que deje de estrangular fiscalmente a Petróleos Mexicanos, que fortalezca sus capacidades de inversión, dejándole al menos, en una primera etapa, la disposición total del llamado excedente petrolero que genera, que devuelva a la industria del petróleo su carácter de motor principal del crecimiento económico y de la industrialización, que prolongue la vida de nuestras reservas, disminuyendo de manera gradual, hasta eliminar, las exportaciones de crudo y transformando éste en refinados y petroquímicos en el país, que recupere los mercados nacionales de combustibles mediante la substitución de importaciones, que eleve al máximo la renta petrolera a través de la mayor integración de la industria y la prolongación de sus cadenas productivas, todo lo cual no podrá lograrse doblegándose ante las presiones entreguistas y cediendo al interés privado las áreas de la industria petrolera reservadas hasta hoy en exclusiva al Estado mexicano.
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